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Miércoles 20 de septiembre de 2017

Viento Norte

Edicion Impresa - Viento Norte

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Según estimaciones oficiales, en el país hay 4,3 millones de trabajadores que realizan tareas para obtener su sustento diario en total informalidad. Son argentinos que no cuentan con cobertura médica, no perciben aguinaldos ni asignaciones familiares y cobran por debajo del promedio de lo que reciben quienes se desempeñan dentro del marco legal. Se trata de un serio problema que, además, en el largo plazo impacta en forma negativa en el sistema previsional y representa una competencia desleal para las empresas que cumplen con lo que establecen las leyes laborales.

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La informalidad en el mundo laboral se ubica en la vereda opuesta al trabajo decente que deben promover gobiernos, empresas y sindicatos. La alta tasa de trabajo informal que revelaron las últimas mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que confirman que cuatro de cada diez trabajadores argentinos tienen ingresos por debajo del promedio que cobran sus pares formalizados, ponen de relieve la necesidad de promover el empleo productivo en las distintas actividades económicas y de mejorar los incentivos para la creación empleo privado.

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo observa que aunque no se debe generalizar con respecto a la calidad de los empleos informales, con frecuencia este tipo de puestos de trabajo implican malas condiciones laborales y está relacionada con el aumento de la pobreza. Los expertos del organismo internacional explican que el empleo informal puede tener entre sus características la falta de protección en casos como el no pago de salarios, obligación de hacer sobretiempo o turnos extraordinarios, despidos sin aviso ni compensación, condiciones de trabajo inseguras y ausencia de beneficios como las pensiones, el reposo por enfermedad o el seguro de salud. Si bien el informe de la OIT hace referencia al empleo informal a nivel global, está claro que Argentina no es la excepción.

El interés del gobierno nacional para poner en marcha un plan de blanqueo laboral para después de las elecciones de octubre ha despertado todo tipo comentarios. Por un lado están quienes consideran que las nuevas reglas de juego profundizarán la precarización, mientras que los más optimistas entienden que las medidas que se adopten, como la reducción de cargas sociales en los salarios de base de los convenios colectivos, servirán para incorporar al mercado formal más trabajadores. Según distintos estudios realizados en los principales centros urbanos del país, el empleo doméstico, la construcción, la confección textil y los empleos rurales son los sectores que, en nuestro país, se ven más afectados por la falta de registración de sus trabajadores. Son también los que sufren primero el impacto de una caída de la economía y cuando se achica el mercado laboral.

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Pero la tarea de erradicar el trabajo informal no es sencilla y requiere de políticas públicas que surjan del diálogo con los distintos sectores involucrados. Para alcanzar esa meta es necesario que también se tengan especialmente en cuenta las particularidades de las economías regionales y las características de muchas localidades del interior de las provincias donde existen altos índices de trabajo informal, sin que esto implique convalidar viejas prácticas culturales que llevan a empleadores a manejarse en la informalidad.

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