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Domingo 21 de enero de 2018

Las reformas estructurales avanzan, pero con costos innecesarios

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El Gobierno logró imponer el nuevo régimen previsional, y espera que repita con los cambios tributarios y laborales. Deficiencias por apuros.

La última semana volvió a poner al descubierto los severos problemas de comunicación que desde el primer día caracterizan al Gobierno de Cambiemos, pero también cierta costumbre a no tomarse el tiempo para evitar fisuras, como se advierte con claridad en las propuestas de reformas estructurales, como la previsional, la tributaria, la laboral y el pacto fiscal, entre otras.

Claramente, en el consenso de los votantes, representados por sus legisladores, pero también en los mercados, se advierte que en esas acciones fallidas no hay un trasfondo de mala fe y de insensibilidad, pero sí urgencias que se explican por la realidad heredada, no solo del Gobierno precedente, sino también de muchos anteriores, pero que no justifican presentar la tarea a medio hacer.

Más aún, porque en el Gobierno saben que cuentan con una parte de la oposición dura dispuesta a entorpecer cualquier acto de reforma clave, y con mayor fuerza si es vista como un giro totalmente opuesto a la gestión de los últimos 12 años; y, por tanto, siempre estará a la pesca de cualquier vacío en toda propuesta de cambio, desde la iniciativa misma hasta sus alcances, sus costos y sus beneficios.

En general, pocos cuestionan que para el Gobierno las propuestas tienen por objetivo mejorar la vida de los argentinos, tanto de modo directo como indirecto a través de políticas y decisiones que permitirán levantar viejos obstáculos al desarrollo y la competitividad de la producción de bienes y servicios, en particular de las pequeñas y medianas empresas, como recomiendan muchos economistas y encumbrados empresarios.

Pero también se advierte cada vez con mayor generalización, incluso por parte de economistas que fueron parte del equipo de Gobierno, que no solo persisten incongruencias entre las políticas fiscal y monetaria, para poder cumplir con el sendero de baja de la inflación, que después de un salto inicial en 2016 comenzó un indiscutible proceso de desaceleración, pero muy lejos aún de aproximarse a la meta objetivo del Banco Central; sino que se presentaron proyectos legislativos incompletos, con severas carencias, que luego debieron ser corregidas por un canal altamente cuestionable, como es un decreto, como ocurrió con la ahora nueva ley del régimen previsional.

También se percibe en el propósito de tratamiento acelerado de la reforma tributaria, al inicio del debate, que ni propios ni extraños tenían conocimiento de los cambios que finalmente se proponen, luego de que muchos de ellos fueron acordados dejarlos de lado, algunos transitorios a través de, nuevamente, un decreto reglamentario, según trascendió, excepto que lo impida alguna de las cámaras legislativas.

Pero además, en la difusión previa de la iniciativa a periodistas, expertos tributarios y, luego, a los legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no se explicitaron acabadamente los fundamentos técnicos y comparados de los cambios, más allá de lo que puedan recomendar la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el G-20. Ni tampoco el detallado alcance e impacto económico y social de cada propuesta, y menos el costo fiscal de cada medida.

Ya pasó la etapa de estudio sobre cuál es el inventario recibido, con más hipotecas que créditos, y más aún cuando se acaba de iniciar el tercer año de Gobierno, esto es, la segunda mitad del mandato presidencial. Por tanto, no hay mucho margen para presentar propuestas legislativas con reformas que aspiran a ser estructurales, pero eso no justifica que antes de la sanción y la reglamentación deban ser modificadas o complementadas por métodos cuestionables como un decreto, sin aceptar los tiempos legislativos, para que vuelvan a la cámara de inicio.

El costo político de esas acciones podrá ser rápidamente superado, en la medida en que los disturbios sean controlados, aunque con impactos lamentables y repudiables sobre las fuerzas de seguridad que velan por las instituciones, esto es, por la sociedad toda; y en que los efectos positivos buscados se manifiesten más temprano que tarde, aunque probablemente a un ritmo diferente al que planifica el equipo económico.

En el campo económico, más allá del rápido veredicto positivo de los mercados financieros y cambiarios, no se podrá evitar un nuevo retraso en la llegada y la ejecución de inversiones del resto del mundo en la actividad productiva, más allá de las vinculadas con las energía renovables y los desarrollos inmobiliarios y de infraestructura con créditos de organismos internacionales. Las imágenes del jueves y el lunes recorrieron el planeta y si nos inquietaron a nosotros, cuánto más a los que las vieron a la distancia.

De ahí que es deseable que de una vez por todas los equipos técnicos, y principalmente los ministros del Gobierno, se tomen los tiempos, o al menos los recaudos, con pruebas ácidas, que podrían ser la consulta con encumbrados economistas del sector privado y los principales referentes de los sectores a los que se aspira mejorar y también a los que se quiere castigar por cuestiones de equidad, para que más allá de los intereses sectoriales, sean advertidos a tiempo de posibles errores de redacción y carencias que no fueron contemplados por estudiosos de laboratorio.

Por Daniel Sticco

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