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Lunes 24 de septiembre de 2018

Diputados: la Justicia ordenó revisar la composición de la Cámara baja

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La cantidad de legisladores no está en relación a la cantidad de población de cada provincia.La cantidad de legisladores no está en relación a la cantidad de población de cada provincia.Un fallo de la Cámara Electoral ordena revisar la composición de Diputados. Desde el Gobierno admiten que la solución es difícil.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) volvió a poner en debate un asunto pendiente que ya huele a naftalina. Aunque no genera mayor preocupación en el cuarto oscuro, en las elecciones para Diputados el criterio “una persona, un voto”, pilar de los sistemas democráticos, lejos está de cumplirse.

El sistema vigente implica que un sufragio de la Provincia de Buenos Aires valga casi nueve veces menos que en Tierra del Fuego; del otro lado de la avenida General Paz, el voto de un porteño vale el doble. Resolver esa extraña desigualdad implica poner en marcha una nueva ingeniería electoral que conllevaría aumentar la cantidad de bancas, una ecuación difícil de lograr en tiempos de austeridad y ajuste económico.

Lo cierto es que hay un consenso entre políticos y analistas en que la composición actual del Congreso exige revisarse. Pero nunca se avanza. Después de décadas de dilaciones, esta semana los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera ordenaron al poder político ajustar el número de bancas.

El caso judicial surgió a partir de la presentación de un cordobés, que se sintió damnificado al entender que su voto tenía un valor “inferior” al de los ciudadanos de otras provincias. A diferencia del Senado, donde cada provincia cuenta con tres bancas, se supone que la representación en Diputados debe ser proporcional a la población. En la realidad esto no ocurre.

En el Congreso hay 257 diputados. Esa distribución tiene como raíz del decreto-ley 22.847 sancionado en 1983, cuando estaba al mando del país el general Reynaldo Bignone. Aquella normativa fijó un piso mínimo de 5 diputados por provincia y añadió 3 representantes más a cada distrito electoral. Es unánime entre los politólogos argentinos que esa decisión distorsionó seriamente la representación proporcional.

La Constitución Nacional establece que debe haber un diputado cada 161.000 habitantes o fracción superior a 80.500. Además, advierte en su artículo 45: “Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.

La Justicia resolvió que esos criterios están incumplidos. Todo se agravó porque la base de cálculo para otorgar diputados a las provincias no se actualiza desde el censo de 1980, cuando el país tenía apenas 27,9 millones de habitantes y había otra demografía. La foto del país quedó “congelada”. Por eso, la Justicia ordenó que deben ajustarse las bancas de acuerdo con el censo de vivienda y población de 2010.

El valor relativo
de cada diputado

Con las reglas de juego vigentes, sin ponderar el padrón de votantes registrados, un diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires representa a 222.778 habitantes, mientras que en Tierra del Fuego hay un legislador cada 25.238. Uno de Santa Cruz, en tanto, refleja la voluntad de 54.505, una ecuación de 4 a 1 con respecto a los de la provincia de María Eugenia Vidal. Proporciones similares alcanzan La Rioja y La Pampa, con una relación de 3,5 tomando en base a los bonaerenses.

En el otro extremo está Córdoba (1,2), que son otras de las provincias subrrepresentadas y cuyo peso específico en la Cámara de Diputados tiene un peso similar al de la PBA (ver gráfico).
Desde otra perspectiva, en términos de reparto de cargos en el recinto, la Provincia de Buenos Aires representa solo el 27% de los integrantes de la Cámara baja, cuando debería ser equivalente al 39 por ciento.

Esta inequidad es conocida en la jerga de la Ciencia Política como malapportionment, es decir, la inadecuación entre una población por distrito y su número de representantes electivos. No se trata de un problema técnico. A veces implica una desigualdad positiva, algo buscado por la dirigencia política para favorecer la unidad nacional o aliados territoriales.

“Es un fallo muy correcto y oportuno porque pone a luz un problema de la política argentina vigente desde hace décadas. Que haya provincias sobrerrepresentadas y subrrepresentadas contraría el principio democrático de una persona, un voto”, señaló a Infobae el ex jefe de Gabinete y doctor en Ciencia Política (UBA-Conicet) Juan Manuel Abal Medina.

Repensar la ingeniería electoral

Si bien la sentencia no resuelve cómo debería ser la nueva Cámara de Diputados, establece como principio ordenador que se respete la proporcionalidad y representatividad de la población. “Que se siga el criterio de la actualización, después de cada censo nacional, no es una medida opcional para el legislador, sino que resulta un mandato concreto de hacer”, advirtieron los jueces de la CNE.

“El fallo no define cómo debería revisarse el número de diputados para ajustarse a la población actual. Esto es una facultad que le corresponde al Congreso. Tampoco afecta necesariamente la aplicación de los decretos de 1972 y 1983. Sí es un llamado de atención al Congreso a ejecutar un mandato constitucional”, señaló Carolina Tchintian, directora de Instituciones Políticas de Cippec.

Como eliminar bancas generaría mucha resistencia en las provincias, todo parece indicar que la única opción real que queda es aumentarlas.
“Para cumplir el fallo y la Constitución Nacional, sin restarle diputados a alguna provincia, la ampliación de la Cámara de Diputados podría ser entre 33 y 67 diputados más”, señaló Abal Medina. En esta línea, llevar a 324 bancas la composición en la Cámara baja resolvería “completamente” la desigualdad en Diputados.

¿Economía versus
representación?

Un debate ineludible en caso de haber un rediseño institucional del Congreso pasa por el costo presupuestario que tendría aumentar el número de diputados. Abal Medina reconoció que en un contexto de “dificultad económica como el actual, hay que encontrar una fórmula que no implique una erogación muy fuerte de los gastos”. En este sentido, el politólogo consideró que con 33 cargos nuevos se lograría resolver “parcialmente” para las provincias que están subrrepresentadas.

En opinión de la CNE, los magistrados plantearon que la composición de las bancas “no necesariamente habría de variar en mucho”, lo cual sería “innecesario modificar la partida presupuestaria” para solventar el gasto. “Este Tribunal no es ajeno a las dificultades económicas que circundan la realidad de nuestro país”, indicaron en el fallo los jueces, y ratificaron que cumplir la sentencia “no debería redundar en una mayor erogación para el Estado Nacional”.

Para Beatriz Sarlo, en cambio, es una mala señal encarar el debate por la cuestión económica. “Cuando dicen que un diputado va a costar y ‘afanarse’ 2 millones de pesos al año, con ese sonsonete (sic) en vez de acercar a la política, se la degrada, se la ensucia y termina destruida. Es muy baja la cantidad de diputados en Argentina”, opinó el jueves a la noche en el canal TN.

La ensayista tiene un punto a favor. Canadá cuenta con 34 millones de habitantes y tiene una Cámara baja de 308 miembros; en Sudáfrica hay 50 millones de personas y el mismo cuerpo incluye 400 miembros. El caso más llamativo y parecido al de Argentina, sin embargo, es el de España. Tienen 40 millones de habitantes y una Cámara baja integrada por 350 miembros.

Pese al grado de consenso partidario, desde la Casa Rosada no especulan con avanzar en modificaciones. “Es un tema muy conocido desde hace tiempo, todos somos conscientes de que es algo pendiente y que el fallo de la CNE lo vuelve a poner en agenda. No tenemos nada en concreto planteado, la sensación es que no se va a resolver de inmediato, depende de las prioridades del Congreso”, señalaron fuentes gubernamentales.

Marcelo Leiras, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame y profesor de la UdeSA, consideró importante “hacer cumplir la Constitución Nacional” y la sentencia de la Justicia, pero advirtió que una modificación en la Cámara baja “no tendría un impacto significativo” en el sistema político. “Solo reduciría el contingente de diputados de las provincias pequeñas y de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló.

Alternativas de diseño

Para ajustar totalmente la proporcionalidad de la Cámara baja, la opción más sencilla es que la Provincia de Buenos Aires cuente con 100 diputados (en lugar de sus actuales 70), Córdoba 24 (en vez de 18), Santa Fe 23 (en lugar de los 19), Mendoza 14 (en vez de 10). Por su lado, Salta tendría que elegir 11 en lugar de los 7 que actualmente elige.
En tanto, las provincias que deberían recibir 3 diputados adicionales serían Tucumán, mientras que Misiones como a Chaco le corresponderían ser asignados 10 escaños en lugar de siete. Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero y Río Negro requieren 2 diputados más a los que actualmente eligen, a diferencia de San Juan, Jujuy, Neuquén, Chubut, Formosa y San Luis, que tendrían que recibir un escaño más.

Por último, los distritos que no deberían sufrir cambios son Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego, que conservarían el piso mínimo de 5 diputados.
No es la única alternativa. Existieron otras propuestas, como la Myriam Bregman, la entonces diputada nacional del Frente de Izquierda, quien presentó en 2016 un proyecto que permite subir a 328 diputados; o la de la oficialista Carla Carrizo, de Cambiemos, que planteaba configurar un cuerpo de 290 parlamentarios, con 33 bancas nuevas.

En general, las propuestas tienen variaciones pequeñas sobre la representación de legisladores de acuerdo a distintos montos de habitantes o escaños mínimos por provincia.

Si existiera voluntad política, sería posible cambiar el reparto de bancas sin afectar el tamaño de la cámara. Por ejemplo, con un único criterio de asignar las bancas con el cociente de 161 mil habitantes por diputado y fracción superior a 80.500, la composición tendría como piso 251 miembros.

A su vez, fijar un umbral de 2 diputados por provincia, sin adicionales, tan sólo llevaría a 252 miembros; mientras que el establecimiento de 3 diputados mínimos, la dejaría en el número actual de 257. Más allá de los cálculos, lo cierto es que solo faltan dos años para un nuevo censo que, nuevamente, debería poner en carpeta los futuros cambios legislativos a tono con el nuevo mapa político y social del país.
(Infobae)

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