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Jueves 18 de octubre de 2018

Por qué marchamos este viernes

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Por qué marchamos  este viernesPor qué marchamos este viernesLas víctimas quedamos en stand by luego de la promulgación de la ley 27372, Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito, hace más de un año.
Por lo menos las víctimas de provincia de Buenos Aires y del interior del país, que no es justamente una minoría, sino una gran masa de ciudadanos que quedamos por fuera del artículo 16 de la Constitución Nacional y de su igualdad ante la ley. Lo obsceno es que esa desigualdad ya no se produce entre víctima y victimario, sino entre las propias víctimas, entre pares.

Los Códigos Procesales de las provincias no se adaptaron aún o no se adhirieron a esta ley, por lo tanto, a pesar de la eterna discusión de que debe ser aplicada sin más por ser una ley de orden público y, por ello imperativa, en la práctica no se lleva a cabo dicha aplicación, porque no se pueden avasallar los Códigos Procesales de las provincias y esta es una ley de forma, procesal.

La desigualdad es tan profunda que en algún que otro caso aislado se ha aplicado, en la provincia de Buenos Aires, justamente en el caso en el que una legisladora debería hacer uso de sus facultades que le han sido conferidas por el pueblo para que esta ley sea promulgada. Las víctimas estamos acostumbradas a que la administración de turno coopte a algunas en detrimento de otras, víctimas de primera y víctimas de segunda.

Miles de víctimas estuvimos trabajando en el Congreso de la Nación para que esta ley fuera sancionada y sorprendentemente ahora escuchamos que parece ser fruto de un pequeño grupo que pareciera representarnos, pero no es así. De lo contrario ya estaría en todas las provincias sancionada esta ley y se terminaría con las discusiones estériles que se dan en la práctica. Por ejemplo, no nos permite ser parte a la víctima en la etapa de ejecución de pena y no se nos notifica ante la soltura del asesino o violador.

Se ha conformado un Observatorio de Víctimas que funciona en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que muchos nos preguntamos cuál ha sido el criterio de selección para que algunas víctimas estén y otras no. Víctimas que vienen trabajando en el tema incluso mucho antes de que quien escribe esta nota.

Acá no se trata de una cuestión de egos, sino de cumplir a rajatabla con el artículo 16 de la Constitución Nacional. Incluso se dan charlas en las cuales van profesionales y un grupo elegido de víctimas, en las cuales hablan del tema del asesoramiento gratuito de la víctima y de su participación en ejecución de pena.

Al menos esto último es mentira, por lo dicho más arriba con respecto a que los Códigos Procesales de cada provincia tienen que adherir a esta ley y el artículo 81 del CPP de la provincia de Buenos Aires dice tajantemente: “el particular damnificado no podrá intervenir en la etapa de ejecución prevista en el Libro V de este Código”.

Por lo tanto, hay que dejar de falsear la realidad y que la provincia de Buenos Aires y las provincias del interior adapten sus Códigos o adhieran para que el Estado no omita cumplir con el artículo 16 de la Constitución Nacional. No es posible que de un lado de la General Paz se aplique una ley y del otro lado, otra, dejando a las víctimas en una desigualdad obscena.

Dicho esto, este viernes 21 de septiembre a las 12 horas convocamos a todos los familiares que quieran acercarse a la Plaza de los Dos Congresos para manifestarnos y exigir que los legisladores provinciales y del interior cumplan con el trabajo por el cual se les paga.

Por Graciela Pera

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