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Lunes 17 de junio de 2019

2018, el año que el Congreso se fue al descenso

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2018, el año que el Congreso  se fue al descenso2018, el año que el Congreso se fue al descensoSi fuese un campeonato de fútbol y la clasificación en la tabla de un imaginario equipo parlamentario dependiese de las leyes aprobadas, en 2018 el Congreso Nacional se hubiese ido al descenso.
Nunca, desde el retorno de la democracia, se aprobaron tan pocas leyes: apenas 36 durante las sesiones ordinarias. Es la peor marca desde 1987, cuando se sancionaron 57 normas. Y muy por debajo del promedio anual que es de 126 leyes.

Si tenemos en cuenta solo las sesiones ordinarias y especiales, que son en las que se pueden aprobar leyes, durante 2018 hubo seis sesiones en la Cámara Alta y 10 en la Cámara Baja.

Es evidente cuál era la intención del Gobierno: que el Congreso no funcione. Y vaya si lo logró. La dinámica parlamentaria y la responsabilidad del funcionamiento del Congreso son siempre del oficialismo.

Esa tendencia a la inactividad se profundizó en la segunda mitad del año, en la que Diputados, por ejemplo, funcionó en dos ocasiones en cuatro meses: el 4 de julio para sancionar la ley Brisa (ayuda a los hijos de víctimas de femicidio) y la ley Justina (donación de órganos), y el 24 de octubre para debatir y aprobar el presupuesto 2019.

El 21 de noviembre la Cámara de Diputados iba a sesionar para tratar la tan necesaria como postergada ley de alquileres y también para aprobar los cambios que el Senado introdujo al impuesto a los bienes personales, entre otros temas. Sin embargo, unos días antes se eligieron a los diputados que integrarían el Consejo de la Magistratura y como un parlamentario del oficialismo tenía la intención de integrar ese cuerpo y no logró su objetivo, se enojó e hizo caer la sesión. Increíble. Para algunos es más importante un cargo personal que aprobar una ley que la sociedad pide a gritos.

Luego ya no hubo tiempo material, era inminente la cumbre del G20 y entonces el Presidente tuvo que convocar a sesiones extraordinarias, en las que pretensiosamente incluyó 40 temas para su tratamiento.

Y aquí se dice “tuvo” porque no le quedó otra opción. Necesitaba ratificar los cambios en bienes personales para cerrar la cuestión presupuestaria —otro golpe a la clase media—, pero no se tuvo la misma premura para incluir las leyes de prevención de la violencia de género (#LeyesMicaela), decisión que recién adoptó en la segunda prórroga de las sesiones, luego de la denuncia por violación sufrida por la actriz Thelma Fardin (#MiraComoNosPonemos) y el pedido de un grupo de legisladores de diversos bloques políticos.

Tampoco se consideró urgente la nueva ley de alquileres, a pesar de la promesa del Presidente de la Nación, casi en cadena nacional desde Olivos, el pasado 12 de octubre. Pareciera que interesa más recaudar que solucionarle el problema a los más de siete millones de inquilinos.

Otra muestra de este desatino es el tratamiento exprés de dos proyectos de ley enviado por el Ejecutivo, la creación de un régimen penal y procesal para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos, y la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Problemas, ambos, que llevan décadas sin solución y que ahora se pretende resolver en pocas semanas, casi mágicamente, con la sanción de dichas normas. ¡Se aprobarán dos leyes muy necesarias e importantísimas para la sociedad en un abrir y cerrar de ojos!

Pero ni así. Ni con la sanción de 20 leyes en esta insólita maratón de fin de año el Congreso superaría el peor registro histórico, el del 87. Este año quedará en la historia, sin dudas. En la historia negra de las instituciones. Instituciones a las que Cambiemos decía venir a recuperar.

Esta decisión de no sesionar o de hacerlo solo con sesiones especiales se tomó en diciembre de 2017, luego de la aprobación de la infausta reforma previsional. Allí el Gobierno advirtió que las traiciones y las desgracias al pueblo ya no serían gratuitas. Por eso el oficialismo obstruye el funcionamiento del Congreso, por eso lo “frizó”, como se dice vulgarmente.

Al Gobierno no le gusta el Congreso y por ello el exceso en la utilización de los decretos. Desde el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (decreto 83/15) hasta permitir el blanqueo de capitales a los familiares de los funcionarios públicos (decreto 1206/16). Solo por mencionar dos casos de desprecio.

Por otro lado, si algo bueno ocurrió este año, es que fue la primera vez que se debatió sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Aunque no se puede soslayar ni ignorar la lucha de años de muchas organizaciones para que se les reconozca a las mujeres este derecho (que más pronto que tarde llegará). Y tampoco se puede evitar pensar que ese debate fue utilizado para esconder las malas noticias cotidianas y los groseros errores del Gobierno.

Porque al fin y al cabo se trata de eso: de un Gobierno sin norte. Que nos dice que “pasaron cosas”, que suben las tasas en Estados Unidos, que la incertidumbre de Brasil, que la crisis de Turquía, que la sequía histórica, que “los cuadernos” y la mar en coche.

Un Gobierno que constantemente fuerza las circunstancias para distraer, para disimular que ya no tiene nada para ofrecerles a los argentinos, más que una continua batalla perdida de antemano por no irse a la B. Como el Congreso.


Por Martín Yañez

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