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Viernes 10 de mayo de 2019

Freno a las tarifas: qué hará el Gobierno con el pedido radical

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La UCR reclamó revisar las subas de luz, gas y transporte. El área técnica ya tiene una respuesta. ¿Y la política?

La cumbre radical en Corrientes le reclamó al Gobierno “revisar” los aumentos de tarifas de los servicios públicos, fomentar el crédito para consumo y con tasas subsidiadas para pymes y micro pymes sumando presión en la interna de Cambiemos para el tiempo preelectoral.

El pedido de la UCR acompañó así, aunque con tono distinto, al de parte de la oposición peronista que venía impulsando protestas en contra de las subas del gas, la luz y el transporte que el febrero, por caso, fueron determinantes en el salto del costo de vida que, según las consultoras, habría sido del 4% proyectando una inflación de 10% para el primer trimestre del año.

El guante lo recogieron funcionarios del área energética para explicar que, con la excepción de la suba del gas que vendría en abril y que podría alcanzar el 30% (la suba depende de cómo cotice el dólar en parte de marzo), el resto de los aumentos corresponden más a decisiones provinciales que a nacionales.
El cuadro tarifario marcó en febrero subas de 26% en la luz, de 10% en los colectivos y el resto fueron servicios privados.

En marzo se computa un 14% en la boleta de la electricidad y otro 9% en los colectivos y ahí se espera el 30% de la suba del gas para abril.
Quedarán para mayo otro 4% de la luz y 27% del agua. A partir de ahí habría otro 4% de la electricidad para agosto.

El impacto en los bolsillos es fuerte y en febrero, la suba de las tarifas habría aportado en forma autónoma un punto al aumento del índice del 4%. Otro punto lo sumó la carne que, a su vez, tiene “arrastre” sobre este marzo cuando la inflación podría resultar de 3%.

Con este marco, el pedido de la UCR sobre las tarifas se corresponde con lo escuchado en pasillos oficiales en los que los funcionarios políticos reconocen las dificultades para hacer campaña en los barrios. Pero, hasta ahora, los hombres del área económica siguen marcando el rumbo.
Son tres los argumentos centrales que plantean en Economía para defender la vigencia del esquema tarifario:

1) Frenar las subas de tarifas implicaría más subsidios y, por tanto, poner en juego el cumplimiento de las metas de reducción del déficit fiscal acordadas con el FMI.
2) Sería incumplir los contratos con las empresas productoras de energía y, por tanto, exponerse a demandas y juicios millonarios.

3) Deberían “convencer” a las empresas productoras de que en algún momento se volvería al sendero de precios acordados. “Si se cobra menos por los servicios habrá que pagarles menos a los productores y eso sería un desincentivo para la producción”, opinaba un alto funcionario.

En Energía rescatan el hecho de que los precios se encaminan a un equilibrio más estable partiendo de que, por ejemplo, el precio de los combustibles está a nivel internacional y que su precio se fija libremente a partir del barril Brend (en torno de US$ 66) y del dólar.

Rescatan que el gas tiene un precio de US$ 4,56 el millón de BTU, que en Estados Unidos es de US$ 3,5 y que el importado está en US$ 8. Además que la Argentina ahora exporta y que antes era un importador intensivo.

También están observando un corrimiento de la producción en Vaca Muerta del gas al petróleo por los contratos de YPF-Petronas, Shell y de Vista del ex titular de YPF, Miguel Galuccio.

Un problema para aumentar la producción de gas es la falta de gasoductos para el transporte. Esta semana el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, va a EE.UU. a presentar la licitación para la construcción de uno entre Vaca Muerta y Salliqueló, provincia de Buenos Aires.

La primera etapa de ese gasoducto implicaría invertir US$ 800 millones. “¿Estará negociando esa inversión mientras se discute el nivel de las tarifas?, se preguntaba un allegado a ese funcionario clave en la cúpula del Gobierno.

Para el área técnica la respuesta al reclamo radical sería categórica. Según esos funcionarios no hay margen para modificar el esquema tarifario partiendo de la base de que es un componente importante del acuerdo con el FMI y ese acuerdo es “plan A y plan B” para el Gobierno. Pero habría que esperar un poco hasta ver la respuesta del ala política de la Casa Rosada.



Daniel Fernández Canedo

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