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Jueves 18 de enero de 2018
Viento Norte

Viento Norte

Jueves, 18 de Enero de 2018 00:00

Circula por las redes sociales y servicios de mensajería un video de los comúnmente denominados “virales”, en los que se plantea la necesidad de bajar “el costo político” como una manera de liberar recursos para darles una utilidad social.

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El video, entre otras cosas, propone una drástica reducción de los sueldos de “los políticos” –se entiende que se refiere a altos funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, la disminución de la flota de vehículos oficiales, de las partidas para viáticos, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la exigencia a los políticos corruptos que devuelvan el dinero que robaron, entre otras medidas.

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El texto que contiene el video permite entender que su origen es España, pero los argentinos lo reproducen con entusiasmo porque se advierte un creciente, y en muchos casos justificado, enojo con la dirigencia política. Este malestar no es nuevo, pero recrudece en momentos de crisis económica como el que vivimos.

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El momento de mayor distancia entre representantes y representados en la Argentina se vivió entre los años 2001 y 2002, período coincidente con la grave crisis económica que empujó a la pobreza a más de la mitad de los argentinos. Fue la época en que la consigna de moda era el “que se vayan todos”.

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Siempre y cuando la sociedad quejosa no incurra en injustas generalizaciones o ceda a la tentación de la protesta violenta, está muy bien que reclame medidas de austeridad de la dirigencia política. De todos modos, lo que debe quedar en claro para desalentar expectativas de soluciones inmediatas y cuasi mágicas es que este tipo de ajustes, muchos de ellos viables y necesarios, en la medida en que no afecten la eficacia del sector público en los distintas áreas, producirán ahorros escasos en función de la magnitud del déficit que tiene la economía nacional.

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Serán, más bien, en el remotísimo caso de que algún gobierno decida implementar las, medidas simbólicas, que demostrarían voluntad de los funcionarios de ponerse a la cabeza de un proceso de imprescindible austeridad, pero no implicarían enmiendas de fondo a la crisis de recursos.

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Si en Catamarca, por ejemplo, se dispusiera un recorte de los sueldos de ministros, subsecretarios y directores del Poder Ejecutivo, legisladores y funcionarios del Poder Legislativo y jueces y demás cargos jerárquicos del Poder Judicial, el ahorro que se lograría no tendría un impacto demasiado visible en la economía provincial.

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La austeridad de la clase política, necesaria como mensaje al ciudadano que padece los efectos de la crisis, es insuficiente. Se requiere para lograr sustentabilidad en la economía la implementación de políticas que expandan la producción y garanticen una distribución de los recursos equilibrada entre todos los sectores. Este proceso requiere del aporte no solo de “los políticos”, sino también de todos aquellos que ostentan posiciones de privilegio en la pirámide social.

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Sin crecimiento y distribución equitativa de la riqueza, el anhelo de lograr una economía sustentable es una quimera.
 
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